Por Ángel Álvaro Peña
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Si bien el avance de la delincuencia en el territorio veracruzano es consecuencia de una inercia delictiva que empezó hace varios años, su permanencia y crecimiento es responsabilidad de las actuales autoridades.
Hace nueve meses que las actuales autoridades debieron conocer la realidad de la inseguridad en la entidad. Hubo tiempo para adaptarse a la silla y para crear las estrategias de seguridad. En el momento en que se conoce que la victoria electoral es irreversible, debe saber las realidades del estado de la República que se gobierna. Lejos de festejar hay que trabajar, sobre todo cuando hay vocación de servicio.
Si a esto sumamos lo captado en la campaña de proselitismo, encontramos que la suma de experiencias debe arrojar un ataque a la inseguridad con táctica y estrategia que, por lo menos, detenga su crecimiento.
En Veracruz la inseguridad es un escándalo. Uno a uno desfilan los casos de violencia, de atentados contra comunicadores, de inseguridad en las calles y de impunidad. El problema se advirtió grave desde los primeros días de Gobierno, cuando se esperaba que el fiscal actuara, y éste consideraba que no debía rendir cuentas a nadie, dada la autonomía de su puesto. Mientras estas actitudes prevalecían, la delincuencia encontró espacios, rutas, rincones y áreas propias para llevar a cabo sus actividades.
En Coatzacoalcos, donde se asesinaron a 30 personas en días pasados, hay un permanente cobro de piso. Ahora, la advertencia radica en que si no pagan, queman el negocio. Es decir, el lugar donde rondan los delincuentes se ubica en las negociaciones que son extorsionadas, pero hasta el momento no hay vigilancia en giros similares al que fue atacado.
Según denuncias de los habitantes, sujetos armados y vestidos de negro llegaron a entregarles varios papeles escritos a mano en donde les ponen la advertencia. Advierten los delincuentes que sólo hay una oportunidad; si no aceptan, habrá fuego.
Esta situación no es nueva en dicha ciudad y las denuncias han sido numerosas y las exigencias de auxilio a las diferentes instancias responsables han sumado cientos. Desde hace cinco a seis años atrás la mayoría de los negocios del municipio pagan cuota de derecho de piso. Los montos son lo que ellos piden, siempre en aumento y sin consideraciones.
Como consecuencia, varios dueños y empleados de locales, que se dedican a la venta de productos como celulares, películas, juguetes, discos y ropa, han tenido que cerrar sus negocios.
El pleito personal entre el gobernador y el fiscal no debe ser una relación entre iguales. Al primero lo eligió la población; al segundo, los legisladores. Si bien éstos representan al pueblo, su representación no es tan directa y políticamente valiosa como el voto de la gente en las urnas. De ahí que deba haber una separación de poderes que implique el entendimiento y pueda ponderarse la seguridad de la población.
Más allá de esta pugna está la relación con la máxima autoridad; el país a quien no debe mentírsele, al contrario debe tener información directa y veraz. No son tiempos en los que se evadan responsabilidades, sino que se asuman para adoptar posturas contundentes y definitivas. Nunca alguien que no es responsable directo de un problema lo puede solucionar correctamente y de manera definitiva. Es por ello que habrá que confesar culpas y reconocer errores, es signo de madurez y seriedad.
PEGA Y CORRE.- Durante la sesión ordinaria, el Congreso de Veracruz acordó separar -de manera temporal- al fiscal Jorge Winckler Ortiz de su cargo. Los diputados señalaron que Winckler presuntamente incumplió con el mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro para continuar en el cargo.